Soquimich y la Vulneración al Orden Público Constitucional

¿No hay ningún parlamentario en ejercicio – senador o diputado – de RN, la UDI, Evópoli, la DC, el PPD, el PS, el PC, el Frente Amplio, independientes o de otros sectores, que levanten la voz frente a la flagrante vulneración de la Constitución de Chile, a punto de consumarse, ante el intento de la Fiscalía de dejar sin efecto el juicio de cohecho en contra de SOQUIMICH, reemplazándolo por una simple multa?

Cohecho

 

¿Serán esos parlamentarios, – de todo el espectro político – individual o en conjunto, cómplices pasivos de esa eventual transgresión a la Carta Fundamental? ¿O es que la desconocen o sencillamente prefieren evadirla?

La Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas establece en su art. 8, entre otras, en caso de cohecho, la pena de disolución de la persona jurídica o la cancelación de la personalidad jurídica de la empresa infractora. Y si bien autoriza al Ministerio Público ofrecer una salida alternativa, posibilitando a la infractora evitar la disolución – mediante el simple pago de una multa – , lo que realmente está en juego acá, amén del cohecho, es la grave perturbación del Orden Público, sancionado expresamente en la Constitución, que mandata palmariamente la prohibición de aquel tipo de asociaciones y la confiscación de sus bienes.

Recordémosles entonces a los señores parlamentarios – senadores y diputados – y de paso a la Fiscalía, lo que la Constitución expresa al respecto:

Art. 19. “La Constitución asegura a todas las personas:

Art. 19 N.21: “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

Art. 19 N.15, inciso cuarto: “Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”.

 

Justicia

Art. 19 N. 7, letra g: “No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.

¿Ha transgredido ilícitamente SOQUIMICH el Orden Público Constitucional, violando las disposiciones constitucionales citadas?  ¡Evidentemente que sí!

Cuando en la materia hay más de 160 individuos imputados y/o formalizados por cohecho, vinculados directa o indirectamente al Congreso Nacional o al Gobierno, esto es, por un delito que implica conductas contrarias a sus deberes y responsabilidades constitucionales y legales, evidentemente se ha vulnerado el referido Orden Público, tanto por éstos como por la entidad que los ha cohechado.

Recordemos que el concepto de Orden Público nos ilustra que éste está conformado por el “conjunto de normas, reglas y principios que regulan el armónico funcionamiento de la sociedad”. ¿No es más que obvio que al comprarse la conciencia de altos personeros del Congreso y del Ejecutivo, para servir intereses privados y no los intereses del Estado, se ha pervertido el mencionado “armónico funcionamiento de la sociedad”, esto es, el orden público?

¿No ha sido ello sin duda alguna la causa más importante del descrédito generalizado de la política, que ha afectado directamente a nuestro sistema democrático?     

¿Cómo se gestó aquel cohecho, aquella perversión del orden público? ¿Quiénes al interior de SOQUIMICH lo tramaron? ¿Lo sabían sus diferentes órganos y socios, y al saberlo lo aceptaron o encubrieron, lo denunciaron o se opusieron? Pues bien, nada de ello se sabrá, sino que simplemente se ocultará al dejarse sin efecto el juicio.

 

Camara

Dada la primacía que los preceptos constitucionales transcritos poseen por sobre la Ley 20.393, ¿no es deber del Juez de Garantía rechazar de plano la insólita petición del Ministerio Público, concretamente del Fiscal Gómez? ¿Se desecharán asimismo los fundados argumentos esgrimidos por el Consejo de Defensa del Estado dirigidos a no acoger dicha petición?

¿Se prestará realmente el magistrado a un baldón de irreparable magnitud para el Poder Judicial que dejaría en la impunidad constitucional a una empresa que ha pervertido a parte de la clase política chilena?

No vengan algunos de los señores parlamentarios que han callado ante estos ilícitos a justificarse señalando que no tendrían facultades para actuar; que la Constitución se refiere a asociaciones; que hacer escándalo podría perjudicar la imagen de los empresarios, etc. Peregrinas excusas que no soportan racionalidad alguna.

Para levantar la voz y defender la Constitución no se necesitan facultades especiales. Cuando la Constitución habla de asociaciones evidentemente incluye a las sociedades, ¿o es que las empresas podrían transgredir el orden público constitucional impunemente?

¿Y no son precisamente estos tipos de conductas ilícitas las que dañan injustamente al sector empresarial en su conjunto y de paso a la economía social de mercado que ha posibilitado el crecimiento del país?

En resumen, en el caso SOQUIMICH, y concretamente ante la inaudita petición del Ministerio Público por dejar sin efecto el juicio contra esa empresa, la ciudadanía podrá observar, una vez más, si los personeros investidos para representar los diferentes poderes del Estado actúan conforme a la Constitución y la ley.

Finalmente, ofrezco sinceras excusas a algún parlamentario – senador o diputado -, u otra autoridad de las referidas en estos párrafos, que hubiesen levantado la voz para denunciar las transgresiones constitucionales que ha cometido SOQUIMICH y que, por ignorarlo, no haya individualizado en esta columna. Sin embargo, sería más que apropiado volviesen a levantarla con mayor fuerza ahora, ad portas de que pueda consumarse una inaceptable impunidad y un irreparable daño en contra del armónico funcionamiento de la sociedad, esto es, del Orden Público constitucional.

 

Roberto Mayorga Lorca
Prof. de Derecho: U. de Chile – USACH – UDD
Director de Proiecta – Fundación Desarrolla
Ex Embajador de Chile

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