SOQUIMICH DELENDA EST

La verdad exige su hora

Roberto Mayorga Lorca
Director Instituto Proiecta
Fundación Desarrolla
Prof. Titular USACH

Roberto MayorgaDurante las guerras Púnicas, estando amenazada la integridad de Roma, Catón terminaba cada uno de sus discursos expresando: Cartago delenda est: “hay que destruir Cartago”. Lo señalamos en relación a SOQUIMICH, no para destruir esta empresa, importante para la economía nacional, sino para intervenirla y dejar al descubierto público sus acciones, eventualmente encaminadas a pervertir al espectro político chileno.

Según los medios hay más de 160 imputados o formalizados por percibir dineros ilícitamente de esa minera, la mayor parte políticos, de todos los colores y sus adláteres.

¿No es más que evidente que habría existido de parte de esa empresa una especie de estrategia corporativa orientada a comprar la voluntad de quienes están constitucionalmente mandatados para dirigir los destinos de la nación? ¿O es que el objeto social de dicha empresa la facultaba para otorgar dádivas a políticos de todas las tendencias con infracción a la ley?

La citada empresa habría quebrantado así la democracia chilena al corromper mediante pagos y prebendas a políticos de todo el abanico partidista. Resultado de esta degradación se ha dañado hondamente la credibilidad, esencial en un sistema democrático, colocándose en riesgo el orden público y la solidez institucional del Estado.

La Constitución en el Art. 19 No. 21 garantiza “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. En concordancia con dicha norma, el mismo Art. 19 en su numeral 15, relativo al Derecho de Asociación, prescribe: “Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. Y a mayor abundamiento, el numeral 7, letra g del citado artículo dispone que “No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.

El reciente dictamen de Contraloría sobre la forma como el SII ha utilizado o no utilizado sus facultades en la materia, abre un dramático manto de dudas sobre qué se esconde detrás de SOQUIMICH, dejando abierta una herida en el corazón de la nación que, de no curarse, podrá dañarla en toda su integridad.

Porque, ¿Han levantado la voz algunos de los partidos a quienes pertenecen imputados y formalizados a fin de que se intervenga SOQUIMICH? ¿No debería esperar la ciudadanía que al menos alguno de los candidatos presidenciales de esos partidos plantearan dicha intervención? ¿Tienen temor de hacerlo? ¿A qué le temen?

No se trata de situarse en posiciones anti mercado, por el contrario, si se cree francamente en una economía recta y transparente, debería constituir un deber moral de aquellos partidos y/o candidatos presidenciales anunciar que de ser elegidos impondrán rigurosamente toda su autoridad para extirpar drásticamente a los que corrompan el normal y sano funcionamiento del sistema y, como prueba de la sinceridad de sus dichos, comprometerse solemnemente y conforme a la ley y, si es necesario modificando la ley, a intervenir SOQUIMICH.

La intervención de esa empresa no es un tema meramente político, ni siquiera económico sino que, como podría haberlo dicho el rector Peña citando a Kant, un imperativo categórico, fundamental para la rehabilitación y saneamiento del país.

SOQUIMICH es CartagoEl asunto es aún más grave si asumimos que la falta de probidad de la clase política, tristemente, pareciera estar contaminando a personas y grupos de los más diversos estratos sociales o económicos.

No es de extrañar entonces la corrupción generalizada, que ha afectado incluso a instituciones que han sido ejemplo y orgullo nacional como Carabineros de Chile; las colusiones de grupos empresariales; la red de parentelas en reparticiones de gobierno, etc. En resumen, un quiebre generalizado de la honestidad y las confianzas, sin las cuales no es viable un proyecto de país común.

Asimismo, tan preocupante como los ilícitos cometidos, es la falta de veracidad de sus autores, lo burdo de sus mentiras, al escudarse en que ignorarían los hechos que se les imputan y hasta negar evidencias obvias, en muestra clara de deshonestidad.

¿Alguien puede creer cuando autoridades que ocupan o han ocupado las más altas magistraturas, desafiadas a reconocer hechos eventualmente ilícitos, contestan que se han informado de ellos solamente por los medios? ¿O cuando altos ejecutivos dicen no haber participado en las colusiones de los grupos económicos que ellos mismos administran? ¿O cuando se dicen verdades a media como el caso del fideicomiso ciego? ¿O aquellos parlamentarios que aducen ignorar el origen de sus financiamientos?

Pero esta contaminación ha contagiado a la sociedad toda. ¿No existe acaso un porcentaje importante de personas que afirman que, independientemente de ser o no ser honrado un candidato, están dispuesto a apoyarlo? ¿Qué está sucediendo en Chile?

Es más que claro que el país atraviesa por una grave crisis cultural sin cuya superación no será posible recuperar las confianzas, haciéndose precaria la necesaria amistad cívica, esencial para la gobernabilidad del Estado.

No basta afrontar esta crisis con meras palabras y promesas, de políticos, autoridades u organizaciones empresariales. Se requieren hechos, acciones concretas, por dolorosas y complejas que sean.

Una señal clara de consecuencia, autoridad, coraje y liderazgo constituiría justamente el compromiso de intervenir SOQUIMICH y dar un ejemplo a la nación de sanidad y rectificación cultural y ética.

¿Tendrá alguien valor y entereza para asumir este desafío?

La verdad exige su hora: SOQUIMICH delenda est.